Cuando un equipo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llegó a la comunidad de Las Flores, en Tonosí, los niños querían saber cómo estaba su escuela y si podrían regresar.
Y sí: los visitantes venían de recorrer el centro educativo, cuya infraestructura había resultado afectada por el terremoto del 9 de octubre. En ese momento, el edificio no reunía las condiciones para recibir estudiantes.
Idiam Osorio, oficial nacional de la OIM en Panamá, recuerda aquella visita. Para los niños, explica, la escuela también era el lugar donde podían encontrarse con otros niños, jugar y compartir las actividades que formaban parte de su rutina.
Es una de las experiencias que Osorio relata al conversar sobre las consecuencias del terremoto en las comunidades afectadas. Durante sus recorridos, los equipos de la organización han encontrado familias que no pueden regresar a sus casa, personas que perdieron sus actividades económicas y comunidades que enfrentan la posibilidad de tener que reorganizar su vida en otro lugar.
Estas situaciones forman parte de un fenómeno poco mencionado cuando hablamos de movilidad humana en Panamá: el desplazamiento de personas dentro de su propio país.
Desplazados sin salir de Panamá
En Panamá, las conversaciones sobre migración suelen centrarse en las personas extranjeras que llegan al país o lo atraviesan de paso. Sin embargo, la movilidad humana también incluye los movimientos de población dentro de las propias fronteras.
Entre ellos se encuentra el desplazamiento interno, que ocurre cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos, situaciones de violencia, desastres u otras circunstancias que amenazan su seguridad, sin cruzar una frontera internacional.
A diferencia de quien decide trasladarse a otra provincia para estudiar, trabajar o reunirse con su familia, una persona desplazada no abandona necesariamente su lugar de residencia porque desea establecerse en otro sitio, sino porque las circunstancias le impiden permanecer allí.
En el caso del terremoto del 9 de octubre, las cifras oficiales citadas por Osorio durante la entrevista, realizada el 21 de octubre, registraban 3,827 personas distribuidas en 55 albergues. Los datos correspondían al 18 de octubre y podían cambiar conforme avanzaran las evaluaciones de las viviendas y las condiciones para el retorno.
Osorio explica que la situación de las personas desplazadas no permanece igual durante toda la emergencia. Algunas familias pueden regresar cuando se determina que sus viviendas son seguras o pueden repararse. Otras descubren, después de las evaluaciones, que el retorno no será posible en el corto plazo.
Para la especialista, es importante entender la crisis como un proceso que evoluciona y en el que también van cambiando las necesidades de la población.
La incertidumbre de no saber si podrán regresar
Entre las situaciones que la OIM sigue con especial atención se encuentran las de Isla de Cañas y algunas comunidades de Mariato.
En estos lugares, los daños plantean dificultades que no siempre pueden resolverse mediante la reparación de las viviendas. Según explica Osorio, hay familias que enfrentan incertidumbre sobre la posibilidad de regresar porque las condiciones del terreno donde estaban sus casas han cambiado.
La diferencia es importante. Una familia que espera la reparación de su vivienda enfrenta una situación distinta a la de otra que todavía desconoce si podrá volver a establecerse en el mismo lugar.
En este último caso, las decisiones sobre dónde vivir también están relacionadas con la posibilidad de continuar trabajando, mantener cerca a los familiares y conservar las relaciones comunitarias.
En comunidades cuya economía depende de actividades vinculadas al territorio, como la pesca, un eventual traslado también tendría que considerar las posibilidades de mantener esos medios de vida.
Estas circunstancias ayudan a explicar por qué una solución de alojamiento no necesariamente resuelve todas las dificultades que enfrenta una familia desplazada.
Para algunas familias, permanecer cerca de sus vecinos significa conservar una red de apoyo importante en momentos de incertidumbre.
La comunidad también forma parte del hogar
Ante la posibilidad de trasladarse a alojamientos con mayores comodidades, como hoteles u otros espacios temporales, algunas personas lo rechazaron. Osorio recuerda que, ante esas propuestas, algunas familias agradecieron la posibilidad de trasladarse, pero explicaron que se sentían más seguras quedándose en la comunidad.
La especialista, originaria de Los Santos y con más de 15 años de experiencia en trabajo humanitario y movilidad humana, reconoce que esta reacción llevó a los equipos a considerar con mayor atención las características de las comunidades.
Para algunas familias, estar cerca de sus vecinos significa conservar una red de apoyo que resulta importante en momentos de incertidumbre. Son personas con quienes han compartido durante años actividades, responsabilidades y relaciones de confianza.
Este arraigo también aparece en la preocupación de algunas personas por sus viviendas tradicionales de quincha.
Durante los recorridos, los equipos han escuchado preguntas sobre cómo recuperar casas cuyas paredes y fachadas conservaban el trabajo realizado por padres y abuelos.
En estos casos, la vivienda tiene un valor que está relacionado tanto con su uso cotidiano como con la historia familiar y las características culturales de la comunidad.
Algo parecido ocurre con los espacios de encuentro. Osorio menciona el ejemplo de una iglesia que, además de cumplir una función religiosa, puede ser un lugar de reunión y convivencia para las personas mayores.
Cuando estos espacios dejan de estar disponibles, también cambian las oportunidades de encontrarse y participar en las actividades habituales de la comunidad.
Para los niños la escuela también era el lugar donde podían encontrarse con otros niños, jugar y compartir las actividades que formaban parte de su rutina.
Necesidades diferentes dentro de una misma emergencia
Las personas desplazadas comparten la experiencia de haber tenido que abandonar sus hogares, pero sus necesidades pueden ser muy distintas.
Durante sus recorridos, los equipos de la OIM encontraron, por ejemplo, a un bebé que tenía apenas 18 días de nacido. La presencia de recién nacidos, mujeres embarazadas, personas mayores o personas con discapacidad exige considerar condiciones particulares de alojamiento, salud, movilidad y cuidado.
También están las familias con niños en edad escolar, para quienes la interrupción de las clases supone un problema adicional al de la vivienda.
Osorio señala que los equipos de la organización han identificado afectaciones en el bienestar psicosocial de las personas atendidas. La incertidumbre sobre el regreso, los cambios abruptos en las rutinas y la separación de los espacios habituales pueden producir ansiedad y otras dificultades que requieren acompañamiento.
Este trabajo también incluye a quienes participan en la atención de la emergencia. En algunos municipios, funcionarios y personas voluntarias continúan prestando asistencia a las comunidades mientras enfrentan las consecuencias del terremoto en sus propias familias.
Así hay trabajadores de gobiernos locales cuyas viviendas resultaron dañadas, pero que siguen colaborando en albergues y centros de acopio.
Por esta razón, la OIM está desarrollando actividades de acompañamiento psicosocial y formación dirigidas tanto a comunidades afectadas como a personas que participan en las labores de asistencia.
Entre las iniciativas se encuentran herramientas de apoyo comunitario y formación en primeros auxilios psicológicos, que buscan proporcionar conocimientos básicos para acompañar a otras personas durante situaciones de crisis.
Una recuperación que puede tomar tiempo
Osorio señala que, según la experiencia que han tenido en otros países, los procesos de recuperación pueden extenderse durante meses e incluso años.
En Panamá, todavía existen interrogantes sobre las condiciones de retorno de algunas comunidades afectadas por el terremoto. También sobre las alternativas que tendrán las familias cuyos terrenos o viviendas no puedan volver a utilizarse.
Para algunas familias, la recuperación podrá significar regresar a sus viviendas y retomar gradualmente sus actividades. Para otras, podría implicar establecerse en un lugar diferente y encontrar nuevas maneras de organizar su vida.
La diferencia entre ambas situaciones no es menor. De ella dependen decisiones sobre dónde vivir, cómo obtener ingresos, dónde estudiarán los hijos y qué vínculos comunitarios podrán mantenerse.
Mientras esas respuestas se definen, el desplazamiento continúa siendo parte de la vida cotidiana de familias panameñas que, semanas después del terremoto, todavía no saben cuándo podrán regresar a casa.
