El Comité Olímpico Internacional, COI, anunció que las atletas que quieran competir en la categoría femenina en los Juegos de Los Ángeles 2028 deberán someterse a una prueba genética para verificar su sexo biológico. La prueba detectaría el gen SRY, asociado al cromosoma Y, mediante una muestra de saliva o sangre. Según el organismo, la medida busca garantizar la equidad en la competencia femenina y evitar ventajas físicas derivadas de la pubertad masculina.
El anuncio de la medida se hizo bajo la presidencia de Kirsty Coventry, primera mujer en dirigir el COI, quien ha defendido la medida en nombre de la equidad competitiva.
A principios de marzo, un editorial del British Journal of Sports Medicine, recogido por Radio Francia, subrayaba que no existen “datos científicos de calidad sobre una posible ventaja de rendimiento deportivo” en personas intersexuales portadoras del gen SRY.
Human Rights Watch, por su parte, ha advertido que este tipo de controles se ha usado para vigilar a mujeres con variaciones en sus características sexuales y que suele activar sospechas sobre atletas que no encajan en una idea estrecha de feminidad. También señala que estas políticas han afectado de forma desproporcionada a mujeres racializadas, intersex y del Sur Global.
El anuncio también reabre una discusión mucho más antigua: cómo define el deporte quién pertenece a la categoría femenina y por qué, una y otra vez, son las mujeres quienes terminan bajo examen.
¿Qué problema se intenta resolver?
El debate sobre la participación de atletas trans en el deporte femenino se ha vuelto cada vez más visible en los últimos años. Sin embargo, cuando se mira el registro olímpico, no aparece una avalancha de casos.
La halterófila neozelandesa Laurel Hubbard se convirtió en Tokio 2020 en la primera mujer trans reconocida públicamente en competir en unos Juegos Olímpicos. Su participación terminó temprano y no ganó medalla. Hasta ahora, no hay evidencia pública de una presencia numerosa de mujeres trans dominando el deporte olímpico femenino ni acumulando victorias que expliquen por sí solas una medida de este alcance.
Eso no elimina la discusión sobre la equidad en el deporte femenino de alto rendimiento. Esa discusión existe y es legítima. Pero sí plantea una pregunta razonable: si el fenómeno es tan limitado en términos estadísticos, ¿por qué la respuesta institucional consiste en someter a todas las atletas de la categoría femenina a un mecanismo de verificación genética?
Un examen que no es novedad
La historia tampoco empieza aquí. Según recoge CNN en el artículo “Perjudicadas, expuestas, escrutadas: cómo las nuevas normas de pruebas de sexo están afectando a las atletas”, las primeras pruebas sistemáticas de sexo tuvieron lugar en el Campeonato Europeo de Atletismo de 1966, en Budapest. En aquellas evaluaciones, las mujeres fueron sometidas a exámenes visuales de sus genitales y de sus rasgos sexuales secundarios. A esos procedimientos se les llegó a llamar “desfiles de desnudos”. Se justificaban con la idea de identificar a hombres que supuestamente se hacían pasar por mujeres, pero muchas atletas y especialistas los consideraron degradantes y humillantes.
Entre 1968 y 1998, las mujeres que participaban en los Juegos Olímpicos debían someterse a pruebas obligatorias de verificación de sexo. En algunos casos implicaban inspecciones físicas; en otros, análisis cromosómicos. Con el tiempo, la propia comunidad científica empezó a cuestionar esas pruebas. El sexo biológico no siempre se ajusta a categorías simples, y muchas atletas que fueron señaladas o excluidas no habían hecho nada indebido. Finalmente, el COI abandonó esos controles generalizados.
Por eso, el anuncio actual no solo introduce una nueva regla. También devuelve al centro una vieja idea: que el deporte femenino necesita verificar, de forma extraordinaria, quién es mujer y quién no.
La sospecha no cae sobre todas por igual
Cuando se revisan los casos más conocidos del deporte internacional, aparece además otro patrón: la sospecha rara vez se distribuye de forma neutral. Las atletas más afectadas por regulaciones relacionadas con el sexo o la testosterona han sido, con frecuencia, mujeres del Sur Global.
El caso más emblemático es el de la sudafricana Caster Semenya, doble campeona olímpica de 800 metros, quien durante años ha enfrentado restricciones para competir debido a sus niveles naturales de testosterona. Otras atletas, como Francine Niyonsaba, de Burundi, y Margaret Wambui, de Kenia, también han estado en el centro de estas controversias.
Sus historias no prueban por sí solas toda una teoría, pero sí apuntan a un patrón incómodo: los controles sobre el sexo en el deporte tienden a activarse cuando una atleta no encaja en ciertos ideales de feminidad. Cuerpos más musculosos, rasgos considerados ambiguos o expresiones físicas que no coinciden del todo con lo que, de manera estereotipada, muchas personas esperan ver en una mujer.
Ahí es donde el debate deja de ser solo biomédico o reglamentario. También empieza a tocar una pregunta cultural: quién parece mujer y quién no.
El deporte en medio de una batalla cultural
El anuncio del COI tampoco ocurre en el vacío. Llega en un momento en que el debate sobre identidad de género y deporte se ha convertido en uno de los frentes más intensos de la política contemporánea.
En febrero de 2025, el presidente Donald Trump emitió el decreto “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”. La medida iba contra el marco que sostenía el COI en ese momento, cuando, bajo la bandera de la no discriminación, promovía que cada país o federación regulara este tema. El gobierno de Estados Unidos advirtió entonces sobre el retiro de fondos federales a organizaciones deportivas que permitieran la participación de mujeres trans en categorías femeninas.
Después del anuncio del COI, Trump celebró la decisión en Truth Social y se la atribuyó como un logro propio. “¡Esto solo ocurre gracias a mi poderoso decreto que protege a las mujeres y a las niñas!”, escribió.
Todo esto ayuda a entender que el debate no se libra únicamente en el terreno del rendimiento deportivo. También forma parte de una discusión política más amplia sobre género, ciencia, derechos y definición biológica del sexo. En ese contexto, las pruebas genéticas pueden presentarse como una respuesta técnica. Pero también cargan con el peso simbólico de esa batalla cultural.
Lo que sigue sin ocupar titulares
Y aquí aparece otra paradoja. Si de verdad se quiere hablar de protección a las mujeres deportistas, hay problemas mucho más extendidos y persistentes que rara vez despiertan la misma urgencia.
La UNESCO advierte que el 49% de las niñas abandona el deporte en la adolescencia, una tasa seis veces mayor que la de los varones adolescentes. También señala que una de cada cinco atletas mujeres reportó abuso sexual en la niñez dentro del deporte. A eso se suma una visibilidad todavía mínima: aunque las mujeres representan cerca del 40% de las personas que practican deporte, el deporte femenino recibe apenas el 4% de la cobertura mediática deportiva.
Es decir, mientras el deporte internacional encuentra una enorme premura para verificar quién es mujer, sigue arrastrando desigualdades mucho más masivas y persistentes: menor atención de los medios, menos inversión, menos reconocimiento, normas sociales que desalientan a las niñas a participar en ciertos deportes y formas de abuso que durante años han sido toleradas o minimizadas.
Nada de esto resuelve por sí solo la discusión sobre la equidad competitiva. Pero sí obliga a poner la lupa sobre otra cosa: qué problemas del deporte femenino logran convertirse en prioridad y cuáles, aunque afectan a millones de niñas y mujeres, siguen sin producir el mismo nivel de alarma pública.
