[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”46034″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Tortura suena a un término empleado en siglos pasados, ¿sigue tan vigente? Nos imaginamos que tortura es algo asociado a la Edad Media o a las dictaduras, pero tortura es todo acto que provoca dolor físico o psicológico en contra de una persona, con un fin específico de intimidar, ejercer presión, extraer información o una confesión. Y estos actos son infligidos por agentes del Estado o con la conciencia de estos, por ende, existe la tortura aún. Un ejemplo, en muchos países todavía el sistema de justicia confía en la confesión como una prueba, por ello, a veces las fuerzas policiales incentivan el logro de confesiones para resolver un caso. En la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), cuando hablamos de la tortura nos referimos a un concepto que abarca también a los malos tratos, como escasez de servicios básicos, como falta de agua potable, y especialmente en las cárceles como sitios que son focos de aislamiento y hacinamiento. Hoy conviven más de 10 millones de personas en las cárceles del mundo, muchas veces en condiciones deplorables. Un cuarto de ellas está en detención preventiva, es decir, sin siquiera haber sido juzgadas. Y esa cifra está aumentando.
En este contexto ¿cómo está la situación de las mujeres?En 2015 se efectuó un Diagnóstico de la Situación de las Mujeres Privadas de Libertad en Panamá. Había un problema con visibilizar la situación de las mujeres en las cárceles panameñas porque representan una minoría de la población penal (5.4%) si se compara con los hombres (94.6%), y por ende no se les prestaba una atención específica en los centros penitenciarios. Esto tenía por resultado que las políticas públicas no se enfocaran en el grupo femenino. Este documento identifica las vulnerabilidades de las mujeres a través de encuestas e investigación. La mayoría de las mujeres llegan al sistema carcelario en Panamá por “narcomenudeo”, es decir, delitos menores relacionados con drogas (70%). En muchos casos la mujer es la proveedora de la casa, y su vínculo familiar y el flujo de dinero que aporta al hogar se rompen con su privación de libertad. La mora judicial agigantaba el problema, ya que una mujer debía esperar meses e inclusos años por su sentencia. Eso las pone en evidente vulnerabilidad. Su situación es peor si está embarazada, ya que dentro de las cárceles no se encuentran las condiciones adecuadas para acceder a servicios médicos para los cuidados de su bebé. Finalmente, hay factores de riesgo mayores para las mujeres que para los hombres, vinculados a sus necesidades específicas, tales como: las prácticas en las requisas, el régimen de aislamiento y algunas medidas disciplinarias, e inadecuados servicios de salud sexual y reproductiva.
¿Cómo se califica Panamá en la región en cuanto a la falta a los derechos humanos cometidas en las propias instituciones públicas? No tenemos esa información, ya que no calificamos a los países según una escalada. Ahora, sí existen cifras que nos permiten tener un panorama de la región sobre el tema. Por ejemplo, Panamá es el segundo país después de El Salvador, en América Central, con mayor número de personas en prisión en relación a su cantidad de habitantes (421 privados (as) de libertad por cada 100 mil habitantes). Significa que hay un flujo continuo de entradas a la prisión y una mora judicial considerable que ahora estará disminuyendo con la implementación progresiva del sistema penal acusatorio. Además, Panamá también era el más alto en cuanto al uso de la detención preventiva en el continente, aunque viene bajando: estamos en 55%, mientras que en Brasil ronda el 37%, que también es alto. La detención preventiva significa una pena anticipada, por ende, debería ser el último recurso en particular para mujeres embarazadas o las que acaban de dar a luz, como una forma de evitar el hacinamiento y la presión hacia el sistema.
¿Qué supone para el organismo, casos como el ocurrido en 2011 en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, cuando fallecieron cinco jóvenes quemados? Fue un caso terrible que no quisiéramos que se repita y que creemos que se puede evitar. Hemos llamado la atención de las autoridades para asegurar la investigación, para sancionar a los responsables y para tomar medidas preventivas. Para Panamá correspondía establecer un programa de monitoreo de los lugares de detención, llamado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que pueda proponer recomendaciones para evitar este tipo de situaciones. Todavía ese mecanismo no ha sido establecido, pero esperamos su aplicación antes de fin de año. Tenemos ejemplos en otros países, como Brasil o Paraguay, donde si las autoridades encargadas acatan las observaciones de tales mecanismos, se puede evitar una situación de peligro a futuro.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]