En las últimas semanas hemos presenciado un hecho que podría parecer meramente administrativo, pero que en realidad tiene profundas implicaciones para la equidad de género en Panamá: el cambio del Ministerio de la Mujer a una Secretaría. Esta decisión, lejos de ser un reordenamiento burocrático, representa un retroceso institucional, simbólico y político en el compromiso del Estado con los derechos de las mujeres.
Cuando se crea un Ministerio de la Mujer se reconoce algo fundamental: que la equidad de género no es un tema menor ni un anexo de la agenda nacional, sino una prioridad que merece rango ministerial, presupuesto propio, representación política y capacidad para incidir en las decisiones de Estado. Un ministerio puede sentarse en el Consejo de Gabinete, proponer leyes, gestionar cooperación internacional, y liderar estrategias de amplio alcance para transformar realidades profundamente desiguales.
El paso de un Ministerio a una Secretaría implica la pérdida de esas capacidades. Una secretaría no tiene voz garantizada en el gabinete, depende jerárquicamente de otra instancia y cuenta con menor autonomía técnica y presupuestaria. Este cambio reduce el peso institucional de las políticas de género y debilita la arquitectura estatal construida con tanto esfuerzo por mujeres, activistas, funcionarias y aliadas durante décadas.
No se trata solo de un cambio de nombre. Se trata de lo que ese nombre representa. Este retroceso se da en un contexto donde aún enfrentamos brechas salariales, violencias estructurales, falta de estrategias de corresponsabilidad, barreras al emprendimiento, subrepresentación política, y limitaciones para el acceso equitativo a educación, salud y recursos.
Desde mi experiencia en el Canal de Empresarias de Ciudad del Saber hemos acompañado durante más de una década a mujeres emprendedoras de todo el país. Mujeres rurales, migrantes, jóvenes, indígenas, privadas de libertad, científicas, empresarias y lideresas comunitarias que transforman sus realidades y las de sus comunidades. Sabemos que sin una institucionalidad fuerte que garantice derechos, muchas de estas mujeres quedan a la deriva, dependiendo de voluntades o proyectos temporales. La existencia de un Ministerio significaba para ellas una estructura con la cual articular, exigir y construir.
El debilitamiento de esta estructura puede tener consecuencias prácticas muy claras:
1. Pérdida de representación política: al no tener asiento permanente en el Consejo de Gabinete, las prioridades de género pueden quedar fuera de la toma de decisiones clave.
2. Limitación presupuestaria: al no tener presupuesto propio asignado con fuerza de ley, la capacidad operativa se reduce o se vuelve incierta.
3. Debilitamiento del liderazgo técnico: las secretarías suelen carecer de equipos técnicos robustos, reduciendo la posibilidad de formular políticas públicas integrales.
4. Pérdida de estatus internacional: muchos organismos internacionales valoran el rango ministerial como criterio para canalizar cooperación, financiamiento o programas.
Y esto, insisto, no es un tema exclusivo de mujeres organizadas o funcionarios públicos. Es una situación que impacta directamente a miles de mujeres panameñas que necesitan que el Estado responda con altura, recursos y compromiso.
No se puede hablar de desarrollo sostenible, de democracia real o de justicia social sin asegurar que las mujeres tengamos condiciones equitativas para vivir, decidir, emprender y participar.
En lugar de reducir estructuras, deberíamos estar fortaleciéndolas. Crear programas con enfoque interseccional, promover la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, formar liderazgos femeninos en todas las comunidades y generar datos desagregados que permitan medir avances y brechas, para poder rendir cuentas.
La igualdad no se logra con discursos. Se necesita acción, institucionalidad, presupuesto y voluntad política. No podemos ver el mundo desde nuestros privilegios, tenemos que verlo desde la realidad de las hermanas que menos tienen, que sin accesos a oportunidades, tienen que salir adelante en un día a día sin esperanza, sosteniendo familias y comunidades. Lo que está en juego no es una estructura, sino la garantía de que el Estado asume su responsabilidad ante más de la mitad de la población, que tanto lo necesita.
Es importante abrir un espacio y escuchar a las protagonistas, que igual seguiremos trabajando sin parar, además seguramente entre nuestras voces esta la solución a toda esta situación. Porque el silencio también es cómplice del retroceso. Y nosotras no hemos llegado hasta aquí para quedarnos calladas.
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