Cada 10 de febrero, más de 170 países alrededor del mundo conmemoramos el Día de Internet Seguro. Esta iniciativa, nació en Europa en 2004 y hoy se ha convertido en un llamado global a reflexionar sobre cómo habitamos el entorno digital, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.
Para este año el lema pone énfasis en el uso responsable de la Inteligencia Artificial, invitándonos a desarrollar el pensamiento crítico, la conciencia sobre la privacidad y una relación más ética con tecnologías como los chatbots, los algoritmos y los generadores de contenido.
Desde mi trabajo como fundadora y presidenta de Fundación Vida Segura, he podido constatar una realidad que no podemos ignorar: niños, niñas y adolescentes tienen acceso a internet, muchas veces sin supervisión, orientación ni herramientas necesarias para hacerlo de forma segura.
El mundo digital ofrece oportunidades extraordinarias de aprendizaje, creatividad y conexión, pero también los expone a riesgos reales como el ciberacoso, el grooming (engaño por parte de un adulto), extorsión sexual, la desinformación y la manipulación de contenidos, hoy amplificados por el uso masivo de la Inteligencia Artificial.
En este contexto, cobra especial relevancia el proyecto de ley 426, que establece un sistema de protección digital y restricciones al acceso de la información de redes sociales a niños, niñas y adolescentes en la República de Panamá, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional. Esta iniciativa busca crear un marco jurídico para proteger a la niñez y adolescencia frente a los riesgos del entorno digital, estableciendo responsabilidades claras para las plataformas tecnológicas, límites al acceso a redes sociales y medidas como la verificación de edad y el diseño seguro, por defecto. Su objetivo es legítimo y necesario: reconocer que los riesgos digitales no pueden seguir siendo atendidos de forma aislada, sino que requieren una política pública clara y coherente.
Uno de los principales desafíos del proyecto es evitar soluciones simplistas.
Medidas como la verificación obligatoria de edad o definiciones ambiguas de “contenido dañino” podrían generar inseguridad jurídica, bloqueos excesivos de contenidos legítimos o incluso provocar que los jóvenes migren hacia plataformas más pequeñas y menos seguras, donde los riesgos son mayores. La experiencia internacional demuestra que la regulación debe ser cuidadosa, basada en evidencias y acompañada de políticas públicas de alfabetización digital.
Desde Fundación Vida Segura sostenemos que la clave está en la responsabilidad compartida. Entre estas señalamos que las plataformas deben asumir la seguridad a través de su diseño, incorporando mecanismos de protección desde la raíz.
El Estado tiene que liderar campañas de sensibilización y exigir que el Ministerio de Educación integre habilidades digitales, pensamiento crítico y ciudadanía digital en el pensum. Formar sólidamente la participación de los docentes en esta área. Se necesitan protocolos claros de mediación y acompañamiento. Es importante empoderar a padres, madres y cuidadores con herramientas, recursos y formación en crianza digital, a través de foros, charlas, orientación y material didáctico. Todo esto con la participación activa de la empresa privada.
Promover el uso seguro de internet es un compromiso colectivo que garantizará a que nuestros menores puedan ejercer sus derechos, proteger su bienestar y desarrollarse plenamente, también en el mundo digital. Ese es el espíritu del Día de Internet Seguro.
Mónica Villalaz, fundadora y presidenta de Fundación Vida Segura. Cortesía
* La autora es fundadora y presidenta de Fundación Vida Segura.
* Las opiniones emitidas en este escrito son responsabilidad exclusiva de su autora.