En Panamá, 2025 se sintió como esos contratos con letra chiquita que nadie lee hasta que ya está adentro. Un año con avances, sí, pero también con su “aplican restricciones”: de esos que te obligan a preguntar si esto era progreso… o solo mucho ruido y pocas nueces.
Lo bueno
El 24 de junio de 2025 se sancionó la Ley 474. ¿Qué cambia en el mundo real? Que en delitos sexuales el proceso puede cuidarse mejor desde el inicio: la ley permite que, cuando haga falta, la declaración de la víctima pueda asegurarse por anticipado ante un juez, usando recursos como videoconferencia o cámara Gesell, con acompañamiento especializado. En buen panameño: menos margen para que el caso se caiga por desgaste, por tiempo o por “no se pudo”. No es milagro. Es estructura. Y en estos temas, la estructura vale más que cualquier discurso bonito.
En paralelo, el PNUD empujó una campaña con una frase que debería estar pegada en la puerta de casas y oficinas: “Cuidar no es solo cosa de mujeres”. La campaña puso foco a un dato incómodo. En Panamá, las mujeres dedican en promedio tres veces más tiempo que los hombres al cuidado no remunerado. Tres veces. Eso explica por qué tantas mujeres “no tienen tiempo” (como si el tiempo se extraviara solo), y por qué la igualdad todavía se negocia en la sala de la casa antes que en el pleno de la Asamblea.
Y Panamá podría medir mejor esto, pero solo una vez, en 2011 (sí, hace 14 años) el país hizo una Encuesta de Uso del Tiempo.
Y hubo un gesto institucional que, aunque suene básico, en Panamá a veces es casi revolucionario: la Defensoría del Pueblo aprobó un protocolo interno para prevenir y sancionar discriminación, violencia contra las mujeres y acoso sexual y laboral dentro de la entidad. Ojalá otras instituciones copien el modelo, porque no podemos seguir diciendo “aquí eso no pasa” ya no convence a nadie. Solo protege a los perpetradores.
En el mundo académico, como es el caso del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá se viene impulsando un protocolo similar, pero al que las autoridades universitarias todavía no han dado respaldo. Para mañana es tarde.
¿La otra “buena” con asterisco? La Ley 501 (24 de noviembre de 2025), que ajusta el marco del Registro Oficial de Ofensores Sexuales. La idea, en papel, es clara: tener una base de datos de acceso público y la posibilidad de expedir certificaciones cuando se requieran. Suena a protección. Y lo es… si se implementa bien, se actualiza y se otorgan los recursos para su implementación. (En Panamá, el “si” siempre viene incluido).
Y un avance regional, que Panamá no puede ignorar: a inicios de diciembre, el MESECVI de la OEA aprobó una Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres. Ojo: modelo, no ley automática en Panamá. Pero sí es un mensaje clarito: la región ya puso el estándar sobre la mesa. Ahora falta ver si aquí lo convertimos en política pública con dientes (y presupuesto), o si lo dejamos en ese limbo tan nuestro donde los documentos se aplauden… y luego se archivan.
Lo malo
Hasta el 31 de octubre de 2025, los reportes estadísticos registraban 13 femicidios y 14 tentativas. Y aunque alguien intente vender cualquier cifra menor que la del año anterior como “mejora”, nadie debería acostumbrarse a contar muertes como si fueran variaciones de temperatura. Las tentativas también hablan: de violencia que persiste, de alertas que llegaron tarde, de cadenas de protección que no alcanzaron.
Lo bien feo
El secuestro de Dayra Caicedo puso el foco —a la fuerza— en un tema que se venía evitando mirar de frente: la desaparición de personas, en especial de niñas y mujeres. Ese miedo que no se arregla con “tranquilidad” ni con consejos, y que deja la pregunta instalada: ¿qué tan preparado está el Estado para buscar, coordinar, investigar y responder rápido?
Este es un tema que solo ha recibido atención cuando un caso se convierte en noticia: Mónica Serrano, Luz Clarita Domínguez y Aderlyn Llerena son ejemplos. Ellas nunca aparecieron.
Este año se estableció una unidad especializada para atender casos de personas desaparecidas. Era justo y necesario. Ojalá tenga continuidad, recursos y respaldo.
Y para el cierre, dos recordatorios políticos —de esos que llegan con sonrisa, pero se sienten como un buen pellizco—: Uno, que la paridad sigue siendo ese tema donde el país se pone serio… hasta que toca votar de verdad. En la Comisión de Reformas Electorales, partidos políticos, el sector privado y la academia se abstuvieron y con ello bloquearon la propuesta de reformar la famosa “válvula de escape” que permite cumplir la paridad “a la manera del partido”. La puerta quedó entreabierta, y ya sabemos quién entra cuando la puerta queda así.
Dos, el debate sobre eliminar el Ministerio de la Mujer y revivir el INAMU. Presentado como “reorganización” por el Ejecutivo, leído por muchas organizaciones de mujeres como alarma por lo que implica en jerarquía, presupuesto y capacidad real de coordinar políticas públicas. Aquí el nombre importa menos que el poder detrás del nombre. Y en esto Panamá no está para experimentos simbólicos.
En resumen: 2025 nos dejó herramientas, sí. Pero perdimos tranquilidad. Avanzamos en normas y conversación pública, pero seguimos chocando con la realidad: violencia, desigualdad de tiempo y una institucionalidad que, en vez de afirmarse está por diluirse.
2026 no tiene por qué inventarse la rueda. Solo tiene que hacer lo más difícil en Panamá: cumplir lo que ya está en las normas.
* Las opiniones emitidas en este escrito son responsabilidad exclusiva de su autora.
* Suscríbete aquí al newsletter de tu revista Ellas y recíbelo todos los viernes.
